Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, advirtió que la separación del cargo de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa no puede ser únicamente una medida política de contención, sino el inicio de una investigación exhaustiva sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder público.
El legislador señaló que la exigencia social va más allá de licencias o relevos temporales. Demanda una revisión profunda sobre actores políticos, funcionarios y operadores de gobierno vinculados con organizaciones criminales, particularmente en entidades donde la sociedad ha denunciado presuntos nexos entre poder político y narcotráfico durante años.
Medina sostuvo que múltiples sectores sociales han advertido sobre riesgos de colusión criminal en gobiernos de Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, así como sobre posible participación o encubrimiento de actores de alto nivel. Estas denuncias, afirmó, han sido ignoradas sistemáticamente por conveniencia política.
El coordinador priista subrayó que cuando el poder público tolera o encubre que el crimen organizado sustituya funciones del Estado en regiones enteras, está en juego la soberanía nacional. Insistió en que cualquier funcionario presuntamente involucrado debe separarse del cargo, pero aclaró que eso resulta insuficiente sin investigaciones reales de la Fiscalía General de la República.
Medina llamó a que la lucha contra la infiltración criminal en la política deje de ser selectiva, reactiva o partidista, y se convierta en política de Estado. Enfatizó que México necesita instituciones que actúen por mandato constitucional, no por cálculos electorales ni presión externa.