La Constitución Política de México establece las reglas fundamentales del país: organiza el gobierno, define los derechos ciudadanos y estructura la sociedad en torno a principios como la soberanía popular, los derechos sociales, el laicismo y el federalismo. Su parte dogmática reconoce derechos humanos y garantías individuales, mientras que la parte orgánica define la división de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la organización de estados y municipios.
En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado constantemente el concepto de soberanía nacional, pero en contextos distintos. Cuestionó al Gobierno del Estado de Chihuahua por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, argumentando que la intervención de agentes extranjeros sin autorización federal viola la soberanía nacional.
Simultáneamente, ante procesos judiciales iniciados por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión ilícita de armas, el gobierno federal nuevamente recurrió al argumento de la soberanía nacional para cuestionar estas acciones.
La contradicción es evidente: en un caso, la Constitución se invoca para cuestionar a un gobierno que actuó contra el crimen organizado; en el otro, parece utilizarse para blindar políticamente a funcionarios potencialmente vinculados con la delincuencia. En ambos supuestos, la exigencia de investigaciones serias, profundas y transparentes resulta irrefutable.
Sin embargo, el enfoque del gobierno federal genera preocupación. La Constitución aparenta usarse como herramienta de conveniencia política más que como fundamento supremo del Estado de derecho. Su verdadero sentido debe estar en garantizar justicia, legalidad y límites claros para todos, especialmente para quienes gobiernan, asegurando que nadie esté por encima de la ley.